SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, EMBARGAN BIENES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.

El Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial de Chiapas ordenó embargar al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, bienes inmuebles y una cuenta bancaria para garantizar el reclamo salarial de un grupo de trabajadores. La instancia judicial embargó a la administración local, dos estadios deportivos, la plaza de toros, el auditorio y la biblioteca municipales, dos terrenos rústicos y una cuenta bancaria. Los cuatro trabajadores de aquella administración municipal reclaman un adeudo de un millón 88 mil 540 pesos por concepto de reducción salarial de enero a noviembre de 2008. Ante la resolución laboral, el síndico municipal, Roberto Morales Ortega, aseguró que el gobierno de San Cristóbal de las Casas promoverá un recurso de amparo para la etapa de ejecución judicial, porque los bienes embargados, "son espacios que podrían interferir en el desempeño del servicio público municipal si salieran a remate". El funcionario municipal destacó la improcedencia de la resolución del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado. "En esencia la cuenta y los siete bienes inmuebles embargados es ilegal, toda vez que la cantidad que se les adeuda a las trabajadores hace un total de 217 mil 636 pesos y no un millón 88 mil 540 pesos" que reclaman, expuso. Entrevistado el síndico expuso que el gobierno de aquella ciudad de los Altos, enfrentan más de 80 demandas de ex trabajadores; 40 de los cuales ya están en ejecución, el resto se tramita, que en laudos asciende a 27 millones de pesos, equivalentes del 15 al 18 por ciento del presupuesto municipal anual. Sobre las 80 demandas de ex trabajadores, criticó que desde hace nueve años, a los ex presidentes municipales no les interesó resolver el problema y por el contrario "dejaron crecer el problema". En este año, el ayuntamiento ha sido demandado en cinco ocasiones, pero los procesos aun están en trámite, pero Morales Ortega dijo que el jurídico ya atiende estos casos e incluso algunos de los trabajadores han sostenido diálogo para tratar de resolver el problema. Aclaró que los 80 expedientes por despido de trabajadores se acumularon a partir de 2004 y que el embargo actual derivó de la demanda interpuesta por Adolfo Trinidad Abarca Ruiz, Germán Luis García Santiago, Laura Elena Molina Dávila y Guadalupe del Refugio Zavaleta Serrano, no por cese, ya que continúan laborando, sino por la reducción de sus salarios, de enero a noviembre de 2008. El ayuntamiento contabiliza en 217 mil pesos, lo que se les adeuda a los cuatro trabajadores y no millón 88 mil 540 pesos, explicó Morales Ortega.